RESOLUCION DE LA IRU PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONOMICA EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA
Adoptada unánimemente por la Asamblea General de la IRU en Ginebra el 3 de abril 2009

Resolución de la IRU para reducir el impacto de la crisis económica en el transporte por carretera. 

La IRU, en representación de los operadores de camiones, autobuses, micros y taxis a través de sus 180 Miembros en 74 países en los 5 continentes,

Considerando que:

En la actual economía globalizada, el transporte terrestre profesional ya no es más meramente un modo de transporte pero sí es una herramienta vital de producción para el transporte de mercancías y para los programas de turismo, interconectando todos los negocios a los mercados de todo el mundo y proporcionando movilidad segura, ambientalmente agradable y asequible para todos.

Debido a que la crisis financiera se ha vuelto en una crisis económica, la demanda por los servicios vitales de transporte de mercancías por carretera ha reducido el ritmo dramáticamente y la velocidad del descenso está incluso acelerándose. Comparada a la situación de fin de 2007, la información obtenida para el último trimestre de 2008 de las asociaciones de transporte de mercancías por carretera y de fuentes gubernamentales señala:

•un descenso en la actividad el transporte de mercancías por carretera de hasta un 50%;
•una duplicación del número de bancarrotas;
•un promedio del 5% de decrecimiento en el empleo (despidos permanentes o temporarios), el cual ya asciende a 140,000 empleos en la UE, 120,000 empleos en los países de la CIS y 200,000 empleos en América del Norte.

Los pronósticos para el 2009 son iguales de pesimistas. Las tarifas de transporte están generalmente en descenso en el primer trimestre de 2009. 

De acuerdo con el mercado turístico, se aplicará la misma situación preocupante en el mercado del transporte de pasajeros. De hecho, el sector del taxi ya ha sido testigo de una disminución del 20 % en los servicios de recogida en los aeropuertos.

Se apela urgentemente a las autoridades competentes a:
(a) asegurar los mercados abiertos y luchar por la finalización de la Ronda de Doha de la OMC;
(b) intensificar los esfuerzos para eliminar las barreras neo-proteccionistas al transporte internacional terrestre;
(c) reconsiderar y reducir los impuestos corrientes;
(d) detener la creación de nuevos impuestos y cargos y, en particular, detener la decisión sobre la tercera Directiva Euroviñeta y la implementación de cualquier cargo de usuario terrestre en cualquier parte ya que amenazan el desarrollo económico y la competitividad;
(e) detener y/o reevaluar la legislación medio ambiental innecesaria y restrictiva que penaliza al transporte por carretera;
(f) cambiar la legislación de bancarrota para fortalecer los derechos de las empresas de transporte por carretera en apuros económicos, permitiéndoles aplicar los instrumentos de la legislación de bancarrota para la reducción de la capacidad del transporte y la continuación de las operaciones de negocios rentables en lugar de la liquidación de toda la empresa;
(g) inducir a las instituciones financieras a proveer líneas de créditos adecuadas para que los operadores de transporte puedan financiar sus inversiones y operaciones;
(h) inducir a las instituciones financieras – a través de los bancos centrales nacionales – a introducir una moratoria sobre el interés de las deudas y los contratos de arrendamiento financiero (leasing);
(i) proveer incentivos de negocios a los operadores de transporte para permitirles continuar invirtiendo en vehículos innovadores y limpios;  
(j) usar paquetes de estímulo económico para invertir en infraestructura terrestre para remover cuellos de botella y los costos relacionados innecesarios;
(k) tomar medidas preventivas para evitar la reaparición de los tiempos de espera en las fronteras, a través del cual la reducción de procedimiento a bajos costos puede proveer retornos económicos importantes en estos tiempos difíciles, implementando el Anexo 8 de la Convención de Armonización del Control Fronterizo de las Naciones Unidas (1982);    
(l) reconocer los autobuses, micros y taxis como modos de transporte económica y medioambientalmente respetuosos y partes vitales de la cadena de movilidad sostenible en general;
(m) adoptar una derogación de conducción de 12 días en un ambiente cordial de negocios para el turismo internacional de pasajeros, tanto en las reglas de la UE sobre tiempos de conducción y de descanso como en el Acuerdo AETR de la UNECE;
(n) crear un marco legal y administrativo que pueda permitir a la industria del transporte terrestre colocar personal calificado temporalmente en estado inactivo, sin tener que despedirlos, en orden de mantener profesionales calificados en el sector.      

Se apela a los operadores de transporte a:

(a)transportar solamente si se puede obtener una ganancia, si se pueden pasar los costos y si se pueden evitar los viajes vacios;
(b)estabilizar los precios de mercado, reduciendo las capacidades de transporte y colocar personal calificado temporalmente en estado inactivo, sin perderlos dado que serán necesitados cuando la crisis haya terminado.  
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