El Gobierno Nacional, haciéndose eco de las denuncias presentadas por la FADEEAC y las cámaras del transporte de pasajeros, solicitó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la investigación de sobreprecios en el gasoil por parte de las cinco mayores empresas de combustibles del país.
La denuncia por Abuso de Posición Dominante y Carterización del Mercado del Combustible, en el marco de los artículos 1º y 2º de la Ley de Defensa de la competencia, fue presentada contra las empresas Repsol, que a través de YPF, es responsable del 65% de la comercialización; Shell, con 20%; Esso, con 9%; Petrobras y Oil Combustibles que junto a otras más pequeñas controlan el mercado.
De Vido advirtió que las diferencias entre los precios del gasoil a granel y en surtidor llegan hasta 30%, con un promedio de 8,4 %, lo que implicaría un sobreprecio anual de 3.500 millones de pesos; mientras que Schiavi precisó que en el Área Metropolitana el valor a granel es de $ 5,06 y en surtidor de $ 4,30; en Tucumán, de 4 5,26 y $ 4,60; en Salta, de $ 5,19 y $ 4,48, y en Córdoba de $ 5,29 y $ 4,40.
Schiavi consignó que mientras los 430.000 camiones que circulan por el país consumen 600 millones de litros anuales de los cuales 60% provienen de surtidores y el resto es cargado a granel; para los 38.684 micrómnibus, los 115 millones de litros utilizados provienen sólo de esta última modalidad de carga.
De Vido apeló “a la mejor buena voluntad» de las petroleras «para encontrar una rápida solución a este problema», y consideró que con “Repsol vamos a encontrar un diálogo rápido”.
Boudou, en tanto, ratificó la política en ese sentido y sentenció que el Gobierno «le pone la proa a los abusos de los monopolios y de los oligopolios» en «cualquiera de los mercados en que aparezcan».
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