• Modificaciones a la ley penal tributaria.

     

    Finalmente se sancionó la modificación de la ley penal tributaria, que hasta último momento tuvo en análisis a distintos proyectos en torno a la misma.- La ley modificatoria lleva el número 26.735 y fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre.-

    Haremos un breve repaso de algunas de sus modificaciones, que son las siguientes.-

    • Se incorporan a sus disposiciones a los fiscos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

    • Se cuadruplican los importes para estar alcanzados por sus disposiciones, excepto en lo relacionado con las retenciones relativas a recursos de la seguridad social, las que se duplican (vale destacar que estos importes ya habían sido duplicados anteriormente -ley 26.063-, por lo que en definitiva todos los importes originalmente previstos por la ley 24.769 han sido multiplicados por 4).-

    • Se incorpora una nueva causal de agravamiento de la pena, relacionada con la utilización total de facturas, o cualquier otro documento, apócrifos (“ideológica o materialmente falsos”).-

    • También se disponen penas de prisión (de 1 a 4 años) para el que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado.-

    • Además de las penas de prisión establecidas para sus directivos, en el caso de personas jurídicas se agregan diversas sancionesi, entre ellas multas (a dichas personas jurídicas), siendo importante destacar que no se ha modificado el artículo 17 de la ley 24.769 que establece que las penas serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales, situación más razonable cuando no se trata de penas pecuniarias, más si tenemos en cuenta la magnitud de las sanciones que se agregan.- Nos preguntamos si esta situación podría generar acciones tendientes al resarcimiento contra los directivos llevadas a cabo por los miembros de las mismas (accionistas, socios, etc.).-

    • Hay una importante modificación del artículo 16, que antes permitía en determinadas situaciones (evasión simple de los artículos 1 y 7), por única vez, regularizar y pagar para evitar la pena de prisión.-

    • Ahora el artículo 16 sólo permite al sujeto obligado regularizar espontáneamente su situación, “dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada que se vincule directamente o indirectamente con él” (no nos parece adecuada la redacción que debería, entendemos, referirse al hecho doloso y no al sujeto obligado).-

    • Se amplía en 30 días hábiles más (ahora 120) el plazo para que el organismo efectúe la determinación en caso de denuncia de terceros.-

    • Por último, nos referiremos someramente a la derogación del artículo 19, que posibilitaba con determinado mecanismo no formular denuncia penal, a pesar de superarse los importes para la aplicación de la ley, “si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible”.- En tal sentido surge la inquietud acerca de si igualmente, ahora sin la respectiva autorización, se podrá obviar la denuncia, tema sobre el cual existen opiniones divergentes.-


    Finalmente creemos oportuno transcribir, por escapar muchas veces a la voluntad del agente de retención o percepción (por ejemplo por no contar con fondos al momento del vencimiento para su depósito –o dentro de los diez días hábiles administrativos-), los artículos 6ii y 8iii con sus nuevos montos.-

    Buenos Aires, 2 de enero de 2012.-


    i Incorpóranse al artículo 14 de la Ley 24.769 y sus modificaciones, los siguientes párrafos:


    “Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:

    1 .Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada.

    2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.

    3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años.4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.

    5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.

    6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal.”

    iiArtículo 6°: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) por cada mes.”

    iiiArtículo 9º: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($20.000) por cada mes.

    Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($20.000) por cada mes.


    La Administración Federal de Ingresos Públicos o el organismo recaudador provincial o el correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos correspondientes o en los aplicativos pertinentes, la posibilidad del pago por separado y en forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el empleador a sus dependientes y de las retenciones o percepciones de los agentes obligados respecto de los recursos de la seguridad social.”